BIM en la Administración Pública y la transformación digital

Autor: Miguel Picado Filgueira

Tema: BIM en la Administración Pública

La administración pública enfrenta cada vez mayores demandas de eficiencia, transparencia, trazabilidad y sostenibilidad en sus proyectos de edificación. Dentro de este contexto, la metodología BIM (Building Information Modeling) se ha convertido en una herramienta clave para optimizar la gestión de estos proyectos. Su uso permite mejorar el flujo de trabajo entre las administraciones y los profesionales del sector, promoviendo una colaboración más efectiva y un aprovechamiento óptimo de los recursos, algo crucial en el sector público.

¿Qué es BIM y por qué es importante?

BIM es una metodología de trabajo que centraliza toda la información de un proyecto en un modelo digital accesible para todos los intervinientes y roles en el proyecto. A diferencia de los métodos tradicionales, que separan el diseño, la planificación y la ejecución, BIM permite integrar toda esta información en un entorno colaborativo y visual.

Esto permite que cada fase del proyecto esté informada por la anterior y por los objetivos generales, una ventaja especialmente valiosa en proyectos públicos donde la trazabilidad y la transparencia son esenciales.

Además, BIM permite realizar simulaciones que anticipan problemas y optimizan recursos, generando una estructura más sostenible y ajustada a los tiempos y costos planificados. La administración pública, con sus recursos limitados y responsabilidad social, se beneficia enormemente de estos avances que aumentan la eficiencia y la transparencia, además de dotarnos de las herramientas necesarias para garantizar la trazabilidad de la información y de cualquier elemento presente en una obra.

Beneficios de BIM en la Administración Pública

• Optimización de Recursos y Tiempos: Al gestionar un proyecto público con BIM todos los involucrados desde arquitectos hasta funcionarios públicos pueden acceder a información actualizada. Esto reduce los errores y duplicidades que suelen surgir en proyectos complejos, permitiendo optimizar tanto el tiempo como los recursos asignados al proyecto.
• Transparencia y Control: BIM proporciona una visión detallada y en tiempo real de cada etapa del proyecto, permitiendo a los organismos públicos realizar un seguimiento preciso del progreso y del uso de recursos. Esto resulta fundamental para cumplir con los estándares de transparencia que caracterizan a la administración pública y para justificar el uso de fondos públicos de forma eficiente y responsable.
• Reducción de Costes y Sostenibilidad: Con BIM, se pueden identificar posibles conflictos o errores en las fases de diseño, obra y mantenimiento, evitando sobrecostes y retrasos. Además, esta metodología permite evaluar las decisiones de diseño en relación con el ciclo de vida completo del edificio, promoviendo prácticas de construcción sostenibles y eficaces. La administración pública puede, por tanto, construir edificaciones que no solo sean eficientes, sino también respetuosas con el medio ambiente.
• Cumplimiento Normativo y Estandarización: En España, cada vez más organismos públicos están adoptando BIM como estándar en sus proyectos. Esta metodología ayuda a cumplir con las normativas vigentes y facilita la alineación con los planes nacionales de digitalización en el sector de la construcción, incluyendo los requisitos de interoperabilidad y seguridad que las administraciones deben cumplir.

El marco normativo de BIM en licitaciones públicas

La Ley de Contratos del Sector Público en España permite que los contratos públicos de obras y servicios incluyan el uso de herramientas digitales como BIM en la Administración Pública. Aunque no se exige en todas las licitaciones, algunas comunidades autónomas han avanzado en este sentido, implementando BIM como un requisito en proyectos específicos.

Por ejemplo:

• Cataluña: Desde junio de 2019, el Gobierno de Cataluña exige BIM en determinados proyectos públicos, promoviendo la transparencia y la eficiencia en los procesos de edificación.
• País Vasco: Desde 2020, en proyectos de más de 2 millones de euros, BIM es obligatorio en fases de diseño y ejecución. Este avance refuerza el compromiso de la región con una gestión pública eficiente y controlada.

A nivel estatal, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha aprobado un plan que establece una implantación gradual de BIM en los contratos públicos promovidos por la Administración General del Estado llamado Plan BIM.

Este calendario de implantación, que comenzó en abril de 2024 y concluirá en 2030, establece requisitos progresivos en seguridad e interoperabilidad, fomentando una transición ordenada hacia la digitalización total en el sector de la construcción pública.

Colaboración eficiente con Entornos de Datos Comunes (CDE)

Uno de los componentes fundamentales de BIM es el uso de Entornos de Datos Comunes (CDE, por sus siglas en inglés), plataformas digitales donde se almacena toda la información del proyecto.

Un CDE permite gestionar y compartir datos de manera estructurada, asegurando que todos los participantes tengan acceso a la información que necesitan y que esta se mantenga actualizada. Esta práctica mejora la interoperabilidad entre distintas disciplinas y fomenta una colaboración eficaz, algo esencial en proyectos complejos de edificación pública.

En un proyecto público de gran envergadura, como la construcción de un hospital, el uso de un CDE permite que arquitectos, ingenieros, constructores y funcionarios compartan y revisen la misma información. Por ejemplo, si se detecta una necesidad de cambio en la distribución de salas o en los sistemas de ventilación, todos los profesionales involucrados pueden acceder a los datos y verificar cómo afectará el cambio en el proyecto global. Esto evita malentendidos y garantiza que todos trabajen hacia un mismo objetivo.

Caso de estudio: Construcción de un centro comunitario con BIM

Para ilustrar cómo funciona BIM en la práctica, imaginemos un proyecto ficticio de construcción de un centro comunitario en una zona urbana, financiado por la administración pública.

Desde la fase de diseño, los arquitectos crean un modelo BIM que integra todas las disciplinas: estructura, sistemas eléctricos, fontanería, y acabados. Gracias a la colaboración en el entorno CDE, todos los profesionales implicados pueden agregar datos al modelo digital y realizar simulaciones de uso del espacio, circulación de personas y eficiencia energética.

Durante el desarrollo del proyecto, se detecta un conflicto entre las instalaciones de ventilación y el sistema de iluminación en una de las áreas comunes. En lugar de descubrir este problema en la fase de construcción, el equipo puede verlo desde el modelo digital, lo que permite hacer ajustes con antelación, evitando costosas modificaciones en la obra física. Además, los responsables del proyecto pueden verificar que los materiales utilizados cumplen con los estándares de sostenibilidad requeridos por la administración pública.

La importancia de la formación en BIM

Para que los arquitectos y otros profesionales del sector puedan colaborar eficazmente en proyectos públicos que emplean BIM, es clave contar con una capacitación adecuada. Formarse en BIM permite a estos profesionales no solo gestionar mejor las licitaciones y supervisar el progreso de los proyectos, sino también aprovechar las herramientas de colaboración y análisis que la metodología ofrece.

Esta capacitación no solo beneficia al profesional, sino que asegura que los proyectos públicos sean gestionados de manera más eficiente, con mayor transparencia y en alineación con los estándares de sostenibilidad.

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